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15-02-2017

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CONFIRMÓ SANCIÓN A UNA “AGENTE” REMAX

EN ENTRE RIOS... ENTRE LAS CUERDAS. La suspendida se desempeña como “corredora inmobiliaria responsable” de la empresa Remax Adelante S.R.L.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CONFIRMÓ SANCIÓN A UNA “AGENTE” REMAX

Con voto unánime la Sala Nº 3 del Trabajo, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, confirmó la sanción impuesta por el Tribunal de Ética del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de la vecina provincia a la matriculada María Elena Sobrero, agente de la franquicia estadounidense Remax.

En mayo de 2014 los jueces disciplinarios de la entidad colegial habían impuesto a Sobrero una suspensión de 4 meses en la matrícula más una multa de 65 corredores. Es de destacar que “corredor” es la unidad económica adoptada por el CCPIER, equivalente a Jus del Colegio santafesino y que cotiza a una cuota mensual que se exige para el ejercicio de la profesión con lo cual la multa asciende a $ 32.500.

Los vocales Bernardo Ignacio Ramón Salduna (voto preopinante), Susana Ester Medina de Rizzo y Germán Reynaldo Francisco Carlomagno rechazaron los recursos de inconstitucionalidad, nulidad y apelación interpuesto por la sancionada al entender que “la falsedad de las imputaciones alegadas por ésta respecto de la participación de sus honorarios a terceros no autorizados (…), la asociación con otras personas no habilitadas para el ejercicio del corretaje (…) y la realización de publicidad con términos engañosos (…), recae en argumentos que carecen de asidero jurídico y por lo tanto, devienen infundados”.

La agente Remax María Elena Sobrero había sido acusada ante el Tribunal de Ética por tres infracciones: 1) haberse asociado con la empresa Remax Paraná permitiendo que personas no habilitadas ejerzan el corretaje, 2) realizar publicidad, promoción y propaganda con términos engañosos para los clientes y 3) participar de sus honorarios a personas con las que se encuentra asociadas y carecen de habilitación por el CCPIER para actuar como Corredores Públicos Inmobiliarios.

Tras rechazar el planteo de inconstitucionalidad ipso facto en base a antecedentes jurisprudenciales del mismo tribunal, la Sala 3ª analizó el proceso al cual fue sometido Sobrero y la sanción recurrida, entendiendo que todo fue actuado conforme a derecho y que la sancionada violó las leyes vigentes en la provincia de Entre Ríos.

En el proceso que le fuera seguido Sobrero pudo realizar su descargo y ofrecer prueba con lo cual se tuteló su legítimo derecho a defensa en juicio. De este modo el Superior Tribunal de Justicia confirmó el decisorio en todas sus partes e impuso las costas del proceso a la reclamante vencida.

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